Este artículo analiza un caso judicial en curso, actualmente en etapa de investigación y formalización. Las personas mencionadas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme. El análisis se basa en información pública reportada por medios de comunicación y declaraciones de la Fiscalía.
El caso: Operación Tokio
En junio de 2026, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur dieron a conocer la “Operación Tokio”, una investigación que desarticuló una célula del Tren de Aragua dedicada al lavado de activos. Según la Fiscalía, la organización habría movilizado cerca de 78 mil millones de pesos (aproximadamente USD 85 millones) entre 2022 y 2026, utilizando empresas de fachada y criptoactivos para sacar el dinero del país.
Entre los 19 detenidos se encontraba un ejecutivo de una sucursal de Banco Santander en Santiago, además de una trabajadora externa de BancoEstado. Ambos son de nacionalidad venezolana y habrían sido captados por la organización criminal para facilitar el movimiento de fondos.
El matiz que hay que entender bien
Aquí está el punto que muchas veces se pierde cuando este tipo de casos se comenta de forma apresurada: el propio fiscal a cargo, Héctor Barros, fue explícito en aclarar que el ejecutivo no utilizó los sistemas ni la infraestructura del Banco Santander para cometer estos delitos. Según sus palabras a la prensa, el imputado abría cuentas corrientes en distintos bancos “como cualquier otra persona natural” — es decir, actuando a título personal, no explotando su cargo o acceso privilegiado dentro de la entidad.
Banco Santander, por su parte, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra su propio ex funcionario por asociación ilícita, y declaró públicamente una política de “tolerancia cero” frente a conductas que se aparten de la ley, comprometiéndose a colaborar con la investigación.
Este matiz importa porque cambia la pregunta correcta que hay que hacerse. No es “¿por qué falló el compliance del banco?” —los antecedentes públicos indican que hubo Reportes de Operaciones Sospechosas enviados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ya desde 2024—, sino: ¿qué hace una organización cuando, pese a tener sistemas de prevención, el crimen organizado intenta captar a alguien desde adentro?
La lección real para las empresas (no solo para los bancos)
El crimen organizado no solo ataca desde afuera. Cada vez con más frecuencia, busca captar personas dentro de organizaciones legítimas —bancos, empresas de logística, inmobiliarias, notarías, estudios contables— para mover dinero, abrir estructuras societarias o dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos. Ninguna empresa está exenta por ser pequeña; de hecho, las pymes suelen tener menos controles internos que una banca con años de experiencia regulatoria, lo que las hace un objetivo igual o más atractivo.
Aquí es donde entra el compliance corporativo: no como un trámite burocrático, sino como el conjunto de herramientas que permite a una empresa detectar a tiempo, reaccionar rápido y proteger su reputación cuando algo así ocurre — tal como hizo Banco Santander al denunciar por su cuenta a su propio funcionario en lugar de esperar a que la autoridad llegara primero.
¿Qué debería tener un Modelo de Prevención de Delitos?
- Debida diligencia al contratar personal para cargos con acceso a información financiera o societaria sensible
- Canales de denuncia interna que protejan al denunciante y permitan actuar antes de que el problema escale
- Un Encargado de Prevención con autonomía real, no solo en el papel
- Protocolos claros de reacción y cooperación con la autoridad cuando se detecta una irregularidad
- Capacitación periódica, no solo una charla al ingresar a la empresa
La Ley N°20.393 y su ampliación mediante la Ley N°21.595 (Ley de Delitos Económicos) establecen exactamente este estándar: un modelo proporcional al tamaño y riesgo real de cada empresa. No se trata de copiar el compliance de un banco internacional, sino de tener uno adecuado a tu operación — pero tenerlo.
En síntesis
La Operación Tokio no es una historia sobre “bancos que fallan”. Es una historia sobre cómo el crimen organizado busca infiltrarse en cualquier tipo de organización, y sobre por qué la respuesta institucional —detectar, denunciar, colaborar— es tan importante como la prevención misma. Para una pyme, tener un Modelo de Prevención de Delitos no es un gasto: es la diferencia entre reaccionar bien a tiempo, o aparecer en una investigación como esta sin haber hecho nada para evitarlo.
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