Compensación económica: por qué la convivencia previa al matrimonio también cuenta

Existe una forma perezosa de calcular la compensación económica que consiste, en esencia, en tomar la fecha del matrimonio, tomar la fecha del divorcio, y medir lo que ocurrió entre medio. Es perezosa porque trata al matrimonio como si fuera el único período relevante de la vida en pareja, cuando en la práctica —sobre todo en Chile, donde convivir antes de casarse es más la norma que la excepción— la postergación personal de un cónyuge suele empezar mucho antes de que exista papel firmado. Un fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de 2025, originado en Valdivia, corrigió exactamente ese error, y vale la pena entender por qué su razonamiento no es un simple ajuste técnico, sino una pista sobre hacia dónde se está moviendo, en general, la forma en que los tribunales entienden esta institución.

El error que corrigió la Corte: contar solo el matrimonio

La Corte de Apelaciones de Valdivia había rebajado el monto de la compensación económica fijada a favor de una cónyuge, en el contexto de un divorcio por culpa, sin considerar el período de convivencia que la pareja tuvo antes de casarse. La Corte Suprema, conociendo un recurso de casación en el fondo, calificó esa omisión como un error de derecho: el artículo 62 de la Ley N°19.947 ordena expresamente ponderar “la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges” al determinar la existencia del menoscabo económico y su cuantía —y esa fórmula, “matrimonio y vida en común”, no es una redundancia del legislador. Son dos períodos distintos, y ambos deben pesar (causa Rol N°38.698-2025).

La sentencia de reemplazo es explícita sobre por qué esto es así, y su razonamiento merece transcribirse porque explica, mejor que cualquier resumen, la lógica de fondo de toda la institución:

Lo que justifica el resarcimiento de tipo económico es la actitud que uno de los cónyuges asumió en pro de la familia y la consiguiente postergación personal (…) su origen se radica en el pasado, esto es, durante el periodo de la convivencia en las condiciones indicadas, y que influye en la vida futura del cónyuge que la solicita.

Corte Suprema, Rol N°38.698-2025

La pieza que faltaba: qué es lo que realmente se repara

Para entender por qué la Corte extiende el cómputo hacia atrás, del matrimonio a la convivencia previa, conviene conectar este fallo con otro pronunciamiento reciente de la misma Cuarta Sala, dictado apenas semanas después: la confirmación de una compensación económica de $90.000.000 a favor de una cónyuge médico, tras un matrimonio de once años bajo separación total de bienes (Rol N°18.125-2025). En ese caso, el ex cónyuge —también médico— alegó que su ex esposa había desarrollado una carrera profesional continua, se había especializado, y por lo tanto no cumplía los requisitos de menoscabo. La Corte rechazó ese argumento con una precisión conceptual que es, en realidad, la misma idea que sostiene el fallo de Valdivia: la compensación económica no busca igualar los patrimonios de los excónyuges, sino reparar el menoscabo efectivamente acreditado por quien, aunque trabajó, lo hizo “en menor medida de lo que podía y quería” a causa de la dedicación que exigía el cuidado del hogar y los hijos.

Leídos en conjunto, ambos fallos revelan una misma corrección de rumbo: la compensación económica no es un premio por haber estado casado un cierto número de años, ni un mecanismo de igualación patrimonial automática al término del vínculo. Es la reparación de un sacrificio personal concreto y verificable —postergar una carrera, trabajar menos de lo que se quería, asumir el peso desproporcionado del hogar— y ese sacrificio no entiende de fechas de inscripción en el Registro Civil. Si una pareja convivió cinco años dedicándose ambos a construir una vida en común, y luego se casó y continuó exactamente en las mismas condiciones, sería arbitrario que el derecho solo “viera” los años posteriores a la boda. El fallo de Valdivia lo dice de forma casi literal: mientras más extensa sea la convivencia —entendida en sentido amplio, no restringido al matrimonio formal—, mayores son las probabilidades de que exista un menoscabo real que reparar.

Consecuencias prácticas para quien evalúa un divorcio

Esto tiene una implicancia muy concreta para cualquier persona que esté evaluando una demanda de compensación económica, y que muchas veces se pasa por alto en la etapa de recopilar antecedentes: no basta con reunir prueba de lo ocurrido durante el matrimonio formalmente inscrito. Si existió un período de convivencia previo —y en Chile, con la normalización del Acuerdo de Unión Civil y la convivencia de hecho, esto es cada vez más frecuente—, ese período también debe documentarse y alegarse expresamente, porque la jurisprudencia actual exige que el tribunal lo pondere. Omitirlo, como hizo el tribunal de alzada en el caso de Valdivia, ya no es una opción legítima: es, directamente, un error de derecho revisable en casación.

Para quien deba defenderse de una demanda de compensación económica, el fallo de los $90 millones ofrece el argumento especular: haber trabajado durante el matrimonio no descarta, por sí solo, la procedencia de la compensación. Lo relevante no es si hubo actividad remunerada, sino si esa actividad se desarrolló en la medida en que la persona quería y podía, o si se vio limitada por la carga desproporcionada del hogar y los hijos —una pregunta de hecho que exige prueba concreta, no una presunción automática en ningún sentido.

En síntesis

La compensación económica está dejando de calcularse como una simple resta entre dos fechas de un certificado de matrimonio, y se está consolidando como lo que la ley siempre quiso que fuera: la reparación de un sacrificio personal real, medido en su extensión efectiva —incluida la convivencia previa al matrimonio— y no en su extensión formal. Para cualquier caso que se evalúe hoy, la pregunta correcta ya no es “cuántos años duró el matrimonio”, sino “cuánto tiempo, en total, uno de los cónyuges postergó su propio desarrollo en función de la familia”.