Confianza legítima en contratas públicas: el umbral de los cinco años

Un funcionario a contrata que lleva ocho años renovando su vínculo cada 31 de diciembre podría pensar, razonablemente, que ya construyó algo parecido a una carrera funcionaria. La ley dice otra cosa: los empleos a contrata son, por definición legal, transitorios, y expiran por el solo ministerio de la ley al término de cada año si la autoridad no dispone su prórroga. Durante mucho tiempo, esa transitoriedad legal chocó con la realidad de miles de personas que, en los hechos, llevaban años o incluso décadas trabajando bajo la misma modalidad “temporal”. La Corte Suprema ha ido resolviendo esa tensión mediante el principio de confianza legítima —pero no de la forma amplia y protectora que muchos funcionarios esperarían, sino con un umbral preciso y una serie de excepciones que conviene entender bien antes de litigar.

La regla general: sin confianza legítima, no hay nada que discutir

El punto de partida, reiterado en fallo tras fallo durante 2025 y 2026, es que la Administración no está obligada a fundamentar la no renovación de una contrata. Así lo confirmó la Corte Suprema en noviembre de 2025 respecto de cinco funcionarios de la Municipalidad de Cartagena, revocando el criterio más protector que había adoptado la Corte de Apelaciones de Valparaíso: los empleos a contrata duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, y si no hay prórroga, el cese opera automáticamente, sin necesidad de decreto especial ni de justificación (Rol N°8.997-2025). El mismo criterio se aplicó en octubre de 2025 respecto de un funcionario de la Municipalidad de Curicó con menos de cinco años de antigüedad, y en marzo de 2026 respecto de una funcionaria de la Municipalidad de Renca en similares condiciones (Roles N°28.295-2025 y N°31.763-2025, respectivamente).

Esta regla general tiene una consecuencia práctica importante: mientras no se supere el umbral que activa la confianza legítima, el funcionario no tiene, en rigor, nada que reclamar por la vía del recurso de protección —no porque la situación no le afecte, sino porque el ordenamiento jurídico, tal como lo interpreta hoy la Corte, simplemente no le reconoce una expectativa jurídicamente protegida en esa etapa.

El umbral de cinco años, y por qué no cualquier vínculo cuenta

La Corte ha fijado, con notable consistencia entre distintas salas y regiones del país, que la confianza legítima recién se configura tras cinco años continuos de renovaciones sucesivas. El fundamento no es arbitrario: la propia Corte lo ha explicado como el período que razonablemente necesita la Administración para evaluar tanto el desempeño del funcionario como la necesidad efectiva del cargo, y ha señalado que ese criterio es coherente con la propia política interna de renovación de contratas del Poder Judicial. Antes de cumplirse ese plazo, la expectativa del funcionario, por renovada que haya sido su relación, no alcanza el estatus de “legítima” en el sentido que exige la doctrina.

Más importante todavía: la Corte ha sido estricta respecto a qué tipo de vínculo cuenta para ese cómputo. En un fallo de junio de 2026, rechazó expresamente que los años trabajados a honorarios pudieran sumarse a los años como contrata para completar el quinquenio, incluso cuando el cambio de honorarios a contrata había sido motivado por una regularización administrativa exigida por un dictamen de la Contraloría (Rol N°21.257-2026). El mismo criterio se aplicó en abril de 2026 respecto de una funcionaria que había ejercido parte del período como suplente: los períodos de suplencia, señaló la Corte, se rigen por un régimen jurídico distinto y tampoco resultan computables (Rol N°31.763-2025). En ambos casos, la lógica es la misma: la confianza legítima se construye sobre la base de una relación jurídica específica —la contrata—, no sobre la continuidad fáctica de la persona prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad.

Cuando los cinco años no bastan: las excepciones que descartan la protección

Incluso superado el umbral temporal, la protección no es automática. La Corte ha identificado al menos dos circunstancias que, pese a existir renovaciones sucesivas por más de cinco años, desactivan la confianza legítima. La primera es la naturaleza del cargo: en marzo de 2026, confirmando el rechazo de un recurso de protección presentado por un funcionario de la Municipalidad de Arica con vínculo desde 2020, la Corte precisó que la expectativa de continuidad no prevalece cuando se trata de un cargo de exclusiva confianza —en ese caso, un director municipal—, pues la naturaleza misma del cargo implica que la autoridad puede prescindir de sus servicios en función de una evaluación de confianza que le es propia (Rol N°32.778-2025).

La segunda excepción es más reciente y, a mi juicio, más interesante desde el punto de vista doctrinal: en mayo de 2026, la Corte confirmó el rechazo de un recurso presentado por dos funcionarios de la Subsecretaría de Bienes Nacionales con más de una década de servicio, precisamente porque ambos enfrentaban una investigación penal por delitos funcionarios y un sumario administrativo derivado de los mismos hechos. La Corte razonó que la confianza legítima cede frente a antecedentes objetivos que afecten la confianza institucional exigida para el ejercicio de la función pública, y que el principio de probidad administrativa —de rango también constitucional— debe conciliarse con la expectativa de continuidad del funcionario (Rol N°6276-2026). En otras palabras: la confianza legítima protege la expectativa de continuidad, pero no blinda a quien ha comprometido, con hechos objetivos y verificables, la confianza institucional que la hizo posible en primer lugar.

La otra cara: cuando la confianza legítima sí protege

Para no dejar la impresión de que este es un principio que la Administración siempre gana, vale la pena detenerse en el caso de un funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt que había prestado servicios de forma ininterrumpida desde 2016 —más de ocho años— y cuya contrata no fue renovada para 2025 invocando, de forma genérica, razones presupuestarias y de racionalización del gasto. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió el recurso, ordenando su reincorporación y el pago de las remuneraciones adeudadas, y la Corte Suprema confirmó esa decisión en diciembre de 2025 (Rol N°43911-2025).

Lo relevante de este fallo es lo que exige de la Administración una vez superado el umbral de los cinco años: no basta con una fórmula genérica sobre “razones presupuestarias” —la misma clase de fórmula vacía que, como vimos en el análisis de la causal de necesidades de la empresa en materia laboral, los tribunales han ido rechazando de forma consistente en distintas áreas del derecho—. Cuando existe confianza legítima, la Administración solo puede poner término al vínculo a través de las vías formales que el propio Estatuto Administrativo contempla para ello: el sistema de calificaciones o el sumario administrativo, no la simple no renovación silenciosa amparada en el carácter transitorio nominal del cargo.

Qué elementos evalúa hoy la Corte, en la práctica

De la lectura conjunta de estos fallos se desprende una hoja de ruta relativamente clara para evaluar un caso de no renovación de contrata. Primero, cuántos años exactos de vínculo ininterrumpido existen, y bajo qué calidad jurídica específica —solo cuenta el tiempo servido como contrata, no como honorarios ni como suplente—. Segundo, si se alcanzó el umbral de cinco años continuos, porque antes de eso la Administración no tiene obligación de fundamentar nada. Tercero, si existen circunstancias que puedan desactivar la protección incluso superado ese umbral: la naturaleza de exclusiva confianza del cargo, o antecedentes objetivos de probidad como investigaciones penales o sumarios en curso. Y cuarto, si la Administración, al poner término al vínculo, lo hizo a través de una fundamentación real y de la vía formal correspondiente, o si se limitó a una fórmula genérica que no resiste el mismo escrutinio que hoy aplican los tribunales en otras áreas del derecho público y laboral.

En síntesis

La confianza legítima en el empleo público a contrata no es, como a veces se presenta, una promesa vacía que la jurisprudencia repite sin aplicar realmente. Es un estándar con un umbral temporal preciso —cinco años, y solo como contrata— y con excepciones igualmente precisas, que muestran una Corte dispuesta tanto a proteger a quien ha construido, de buena fe, una relación funcionaria de larga data, como a negar esa protección cuando el vínculo es más reciente, quien lo invoca ocupa un cargo de confianza exclusiva, o existen antecedentes objetivos que comprometen la probidad exigida para el ejercicio de la función pública. Conocer con precisión en cuál de esos escenarios se encuentra un caso concreto es, en la práctica, la diferencia entre litigar con fundamento y litigar con solo una expectativa.